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Director: Lic. Daniel do Campo Spada (2000-2010)
Por Amy Goodman
El
28 de marzo, la Corte Suprema se negó a considerar el caso de la
condena a pena de muerte de Troy Anthony Davis. Era su última apelación.
Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años
luego de haber sido hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail,
un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah. Desde
su procesamiento, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron
de su declaración, alegando coerción e intimidación
policial para obtener su testimonio. A pesar de la duda que rodea a este
caso, Troy Anthony Davis podría ser ejecutado en las próximas
semanas.
Davis está ahora a merced de la Junta de Perdón y Libertad
Condicional del estado de Georgia, que podría conmutar su pena por
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Será una
lucha difícil, a pesar de los pedidos de indulto a nivel nacional
e internacional realizados por figuras como el Papa Benedicto XVI, el Arzobispo
Desmond Tutu y el ex Presidente Jimmy Carter.
La hermana de Davis, Martina Correia, llevó adelante una campaña
incansable para que se hiciera justicia en el caso de su hermano. En respuesta
a la decisión de la Corte Suprema, me dijo: Ayer nos quedamos
perplejos y consternados al enterarnos de la noticia de que la Corte Suprema
de Estados Unidos había denegado la petición de Troy. Se negó
a considerar el caso porque (...) a nadie le interesa la evidencia de inocencia
real, y a nadie le interesa ver la retractación de la declaración
de los testigos como una parte realmente fuerte y viable de este caso, a
pesar de que hayan declarado otros testigos. Creo que tiene que haber una
movilización a nivel mundial por el caso de Troy, y la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos debe ocuparse de una vez por todas del hecho
de que en Estados Unidos no es inconstitucional ejecutar a una persona inocente.
Martina Correia plantea un hecho importante pero poco conocido acerca de
la ley de pena de muerte en Estados Unidos, a saber, que el actual precedente
judicial permite la ejecución de personas inocentes. Aunque parezca
mentira, la Corte Suprema, en un dictamen de 1993, sugirió que la
evidencia de inocencia real no es causa suficiente para dejar a alguien
en libertad. La corte solamente presta atención a si se siguen las
normas jurídicas, a la vez que reconoce que aún así
gente inocente podría ser condenada y ejecutada. En dichos casos,
un prisionero podría solicitar el indulto. Parece que la Corte aún
no ha aprendido lo que muchos estados sí lograron aprender: que el
sistema de la pena de muerte no funciona y no tiene arreglo.
Recientemente Illinois se convirtió en el décimo sexto estado
de Estados Unidos en declarar ilegal la pena de muerte. Luego de promulgar
la ley, el gobernador Pat Quinn, dijo: He concluido luego de ver toda
la información que he recibido, que es imposible crear un sistema
perfecto, infalible, libre de discriminación con respecto a la raza
o las circunstancias económicas o la geografía. He concluido
tras analizar todo lo que recibí que es imposible en nuestro estado
tener un sistema de pena de muerte perfecto y consistente. Creo que abolir
la pena de muerte es lo correcto y lo justo. Quinn sigue los pasos
de un anterior gobernador de Illinois, el republicano George Ryan, quien
conmutó las condenas a pena de muerte de 120 prisioneros en dicho
estado.
Ambos gobernadores de Illinois recuerdan al ex magistrado de la Corte Suprema
Harry A. Blackmun, que escribió en 1994 en su voto discordante, luego
de que la Corte negara la apelación en última instancia a
un condenado a pena de muerte A partir de este día, ya no jugaré
con la maquinaria de la muerte.
Jugar con la maquinaria de la muerte es precisamente lo que algunos estados
parecen estar haciendo. El tiopental es uno de los tres fármacos
utilizados en el cóctel letal administrado en la mayoría
de las ejecuciones en Estados Unidos. Hospira, la última empresa
con sede en Estados Unidos que fabricaba tiopental sódico, dejó
de elaborar este fármaco controlado, provocando su escasez a nivel
nacional. Los estados comenzaron a pelearse por mantener suministro suficiente
en sus cámaras de ejecución. Cuando California le pidió
prestado un fármaco similar a Arizona, el Subsecretario del Departamento
de Corrección y Rehabilitación de California, Scott Kernan,
escribió en un correo electrónico enviado a sus pares de Arizona:
Nos salvaron la vida....
Resulta que Georgia habría importado ilegalmente su suministro de
tiopental de una empresa de dudosa reputación de Londres, denominada
Dream Pharma Ltd., administrada por un matrimonio en un lugar alquilado
en la parte trasera de una academia de conducción. Georgia no cuenta
actualmente con un permiso de la DEA, la Administración de Control
de Drogas de Estados Unidos, para importar sustancias controladas, por lo
que la DEA recientemente confiscó el suministro de tiopental de dicho
estado. Mientras se aguarda la investigación del caso, Georgia no
contará con este elemento fundamental, por lo que no podrá
ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a pena de
muerte.
El mismo día en que la Corte Suprema le negó la apelación
a Davis, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre
pena de muerte. Estados Unidos aún figura en la lista de los principales
países que realizan ejecuciones, junto a China, Irán, Arabia
Saudita, Yemen y Corea del Norte.
Además de encabezar la lucha por la vida de su hermano, Martina Correia
ha tenido que luchar por su propia vida. El día del fallo judicial
se cumplieron diez años de que comenzó su batalla contra el
cáncer de mama. Su rostro aparece en la camioneta de mamografías
móviles que ayuda a salvar la vida de mujeres de bajos recursos en
Savannah. La Coalición Nacional Contra el Cáncer de Mama la
nombró a ella y a la ex Presidenta de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, Mujeres que hacen las cosas bien. Correia, con
su humildad habitual, siente que merecerá ese título cuando
la vida de su hermano también haya sido salvada.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística
de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy
Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional
que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión
en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora
del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios
en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde
Diplomatique Cono Sur.