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Más pruebas ligan a Uribe
con paramilitares.

BOGOTA.- Pocos países latinoamericanos pueden mostrar la complejidad de actores en el terreno político-económico que dispone Colombia. Un gobierno (de Julio César Uribe) aliado de Estados Unidos (con bases y gran presencia militar) rodeado por sus propios paramilitares (AUC), conviviendo con carteles de la droga y con un tercio de su territorio en manos de fuerzas insurgentes nacidas hace casi medio siglo. Un paisaje típico de una novela de su escritor insignia (Gabriel García Márquez).
El Senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Independiente, denunció que según sus investigaciones un hermano del Presidente Uribe sería uno de los “Doce apóstoles” que conducían a los paramilitares de derecha de la organización Autodefensa Unificada de Colombia (AUC), que asolan al campesinado desde hace casi dos décadas. Estos irregulares, mejor equipados que el propio ejército colombiano, son el soporte de los carteles de la droga, amedrentando a los campesinos que no se prestan al juego de la plantación de amapolas de cocaina. Los militares norteamericanos los fomentan porque sirven como avanzada para atacar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que con casi 40 mil combatientes controlan desde hace una década casi un tercio del territorio. Los insurgentes también le cobran un peaje a los carteles, gracias a lo cual mantienen casi un estado paralelo al oficial.
Los “apóstoles” son un grupo de doce político y empresarios que deciden las acciones armadas de las AUC, que aunque han hecho el gesto político de desarmarse ante su Presidente, conservan en la selva un arsenal mas grande aún. Expertos en armas dicen que las que entregaron en actos públicos, gracias a lo cual se les permitía el reingreso a la vida civil, es apenas una pantalla, porque debe haber una reserva mas moderna aún que le permitiría recuperar inmediatamente su poder de fuego. Además, nadie sabe en qué están los presuntos diez mil mercenarios que no se han presentado ante el desarme concretado en abril del 2006, en el que treinta mil aceptaron la propuesta gubernamental. Algunos ex integrantes de la banda denunciaron como cómplices a cerca de sesenta funcionarios o dirigentes oficialistas, entre los que están el hermano de Uribe y la propia canciller María Consuelo Araujo (quien había avanzado mucho en las difíciles relaciones diplomáticas con Venezuela). Los paramilitares tuvieron un crecimiento muy importante en territorio de Antioquia cuando el actual Presidente era gobernador en el período 1995-97. La Corte Suprema de Justicia, bajo una importante presión de censura por parte del Primer Mandatario continúa con sus investigaciones que han comenzado a salpicar a la actual gestión.
Enmarcado en el denominado “Plan Colombia”, desde hace diez años Estados Unidos tiene una directa ingerencia en la logística, comunicaciones, economía y política del país, donde los oficiales sajones se han convertido en virtuales gobernadores de las regiones en las que tienen sus bases. La impunidad que tienen los soldados extranjeros les ha permitido participar en rencillas callejeras por mujeres o alcohol (cuando no aprovisionamiento de droga para consumo) que muchas veces terminan con muertos inocentes aunque sin que los casos sean investigados.
El ejército regular ha quedado dividido entre aquellos que reciben entrenamiento de élite por parte de los “asesores” norteamericanos y los que pertenecen a batallones llenos de limitaciones y que operan casi artesanalmente en zonas de alta conflictividad. Ello ha permitido arraigar a la insurgencia en gran parte de su territorio.
Las FARC, controlan varias poblaciones desde hace años y han implementado su propio estado paralelo, proveyendo de justicia, educación y salud a los habitantes (la mayoría campesinos o montañeses) que no pueden migrar hacia el resto del país, ya que son sospechados de colaborar con la guerrilla. La policía encarcela por largo tiempo a los que ingresan al territorio, acusándolos de espías. El carácter reservado de muchos de esos campesinos permite que sean avasallados en interrogatorios reñidos con cualquier respeto a los Derechos Humanos. No hay que olvidar que Colombia es considerado el país más violento del continente, con cifras de muertos que superan largamente a los desaparecidos de las dictaduras de Chile, Brasil y Argentina por ejemplo. El asesinato político es una herramienta recurrente de la vida de esta nación tropical que goza de excelentes paísajes y una clase intelectual envidiable.

Febrero 2007-02-05 (C)