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La trama de espionaje de Macri
BUENOS
AIRES.- La justicia comenzó a investigar un presunto seguimiento
al dirigente sionista Sergio Burstein, quien fogonea su odio étnico
en cada acto de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y
a rapiz de ello allanó el domicilio del agente Ciro Gerardo James,
ligado a los servicios de inteligencia. El escándalo comenzó
cuando se descubrió que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Mauricio Macri, lo contrataba para espiar a docentes y alumnos.
Macri, quien al mismo tiempo ha alcanzado el record de desinversión
en educación pública, donde en el 40 % de los establecimientos
faltan instalaciones mínimas de calefacción y carencias estructurales
imprescindibles, lleva adelante una tarea de espionaje sobre todos los sectores
comunales. De la mano de la creación de una Policía Metropolitana
hizo varios intentos de avanzar sobre la vida privada de los empleados municipales.
Bloqueado por la oposición parlamentaria, no pudo legalizar investigaciones
(por medio de planillas de personal obligatorias) sobre adicciones, trabajos
paralelos e ideas político-religiosas. Ante la imposibilidad del
camino legal, por medio del renunciado primer jefe de la fuerza policial,
el comisario Jorge Fino Palacios, habría montado una
red de espionaje de la que no se salvaron ni los alumnos.
Cuando en el 2008 los alumnos damnificados por falta de calefacción
o aquellos que perdieron sus becas empezaron a tomar colegios, cada Directora
o Director recibió una planilla en la que tenía que poner
la lista de los alumnos rebeldes que se quedaban dentro de los
establecimientos. La idea era acumular información sobre elementos
discordantes que luego intentarían limpiar mediante sanciones
disciplinarias. El intento de domesticamiento fracasó en casi un
80 % ya que los responsables se negaron a llevarlo a cabo. Organizados por
Ciro James, fotografiaron alumnos, docentes y carteleras según denunció
la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE- Capital)1 en
su propio sitio en internet y en las conferencias de prensa.
En el allanamiento de la vivienda de este agente que trabajaba para la Policía
Federal Argentina (PFA) hasta agosto, donde pidió la baja para pasarse
a la flamante Policía Metropolitana se descubrió un contrato
de $ 7 mil mensuales que lo unía con el Ministerio Educación
porteño. El titular del área, Mariano Narodowski, sorprendentemente
admitió que el contrato existía, aunque no pudo explicar que
función cumplía un agente de seguridad en el área educativa.
Palacios lo consideraba una pieza clave en la provisión de elementos
de seguridad de avanzada (cámaras de larga distancia y ocultas, micrófonos
especiales, sensores, etc) y por ello le dijo al Ministro de Seguridad Guillermo
Montenegro que lo quería en su policía. Cuando
el comisario renunció a raíz de las denuncias que pesaban
sobre él en la investigación del incidente en la AMIA y en
sus posturas ante los Derechos Humanos, James se habría quedado sin
cobertura y cayó en la investigación impulsada por los dirigentes
sionistas. El 5 de octubre, el Juez Oyarbide dispuso la detención
y el allanamiento del domicilio del abogado que siempre se desempeñó
en fuerzas policiales, quien investiga quién de la justicia de Misiones
dispuso la intervención del teléfono de Burstein, quien también
integra la lista de familiares de víctimas del atentado.
El semanario Miradas al Sur, en su número del domingo 4 de octubre
del 2009, denunció una compleja trama que integran varios ex comisarios
de la Policía Federal, que estarían trabajando para el macrismo
desde una oficina en el Hotel Savoy, del que dice la publicación
uno de sus accionistas sería el dirigente gastronómico Luis
Barrionuevo (el mismo que impulsa el retorno a la presidencia de la Nación
de Eduardo Duhalde). También estaría Miguel Angel Toma, quien
en la era del menemismo se ocupana del área de seguridad a nivel
nacional.
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OCTUBRE 2009-10-17
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