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EDUCACIÓN CABA |
GOBIERNO PORTEÑO INVIERTE UN PESO
EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR POR CADA 10 QUE OTORGA A COLEGIOS PRIVADOS
FOTO:
TÉLAM
Buenos Aires, 19 de enero 2014 (Télam).- El gobierno de Mauricio Macri
invierte un peso en infraestructura escolar por cada 10 que deriva para subsidiar
a la enseñanza privada en la Ciudad, en tanto la Auditoría General
porteña advirtió que no se cumplen los procedimientos legales
en el manejo del presupuesto anual de 1573 millones de pesos destinado a los
colegios privados. Según una investigación publicada hoy por
Tiempo Argentino, el informe 2.13.06 del organismo de control cuestionó
el otorgamiento de los beneficios a las instituciones privadas, en un 90%
administradas por la Iglesia Católica, en medio del escándalo
por la carencia de vacantes y la compra de aulas modulares.
Según el informe de la AGCBA, la gestión macrista distribuyó
1573 millones en subsidios en 2012 (último dato disponible) pero "no
hay dictamenes jurídicos para el otorgamiento, baja o modificación
en los aportes" y advirtieron que "no hay orden de prioridades,
porque en ningún caso se realizó la evaluación"
para definir cuáles son los colegios que más necesitan los aportes
públicos.
El artículo 25 de la Constitución porteña establece que
"las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio
educativo se sujetan a pautas generales establecidas por el Estado, que acredita,
evalúa, regula y controla su gestión, de modo indelegable".
La Carta Magna porteña no deja dudas sobre la forma en que debe repartirse
ese dinero: "La ciudad puede realizar aportes (
) dando prioridad
a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos". Según
la Auditoría, aquel mandato constitucional no se cumplió porque
jamás se realizaron las evaluaciones necesarias y "se han detectado
incumplimientos en relación a la elaboración de los actos administrativos,
la orden de prelación, la alteración del circuito de pagos y
transferencias, junto a modificaciones sustanciadas en los aportes transferidos".
En momentos en que padres de unos 17.000 alumnos denuncian que sus hijos no
tienen vacantes en las escuelas públicas porteñas, el desequilibrio
entre los aportes estatales a la gestión privada de la educación
y la cifra destinada a construir y refaccionar escuelas cobra significativa
relevancia.
Según un análisis sobre el Presupuesto 2013 que realizó
Eduardo Epszteyn, representante del FPV dentro del colegio de auditores de
la AGCBA, los subsidios estatales a la educación privada alcanzaron
el último año el récord de 1800 millones de pesos.
Mientras la administración macrista plantea subsanar la ausencia de
aulas con la instalación de contenedores, en 2013, el presupuesto para
Infraestructura escolar aprobado por la Legislatura fue de 158 millones de
pesos, una décima parte de los portes derivados a la enseñanza
privada.
Según los cálculos, 2012 y 2013 fueron los dos años de
menor inversión en infraestructura escolar pública desde 2007.
Entre 2008 y 2012 "no se utilizaron $ 477 millones de presupuesto sancionado"
afirmó Epszteyn a Tiempo Argentino, y agregó que "si lo
consideramos respecto al crédito vigente, es decir, si comparamos los
números respecto al presupuesto que efectivamente tenían, se
negaron a gastar 737 millones".
La Auditoría cuestionó también la ausencia de criterios
para fijar aranceles, que "deja un importante e inaceptable margen de
discrecionalidad de un importante caudal de recursos públicos, ya que
puede determinar en base a su sola opinión el monto de dinero que recibirá
cada escuela de gestión privada". En línea con las críticas
de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que denunció
este tema hace dos años, definieron la política del gobierno
macrista hacia los
aranceles como "extremadamente regresiva, toda vez que mediante una serie
de mecanismos que elevan irrazonablemente los topes máximos, autoriza
que el Estado continúe subsidiando fuertemente a los establecimientos
educativos que cobran cuotas extremadamente altas, y a las que claramente
no asisten niños de menores recursos económicos". (Télam)
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