Los jubilados de la UBA piden mas respeto.

BUENOS AIRES (TV Mundus).- FEDUBA, CONADU y CTA publicaron una solicitada en la que demandan a la Universidad de Buenos Aires que respete los términos de la Ley 26.508 que indican que los profesores mayores de 65 años de edad en ejercicio pueden continuar por propia voluntad otros cinco en el dictado de clases. Por el contrario, la casa de altos estudios más grande del país es expeditiva con las bajas, de las que los educadores se enteran cuando van a cobrar y ven su sueldo en cero.
La solicitada aparecida en los diarios, que es apoyada por los Diputados Nacionales Adriana Puiggrós, Adela Segarra, Leonardo Grosso, Martín Sabbatella y Carlos Raimundi entre otros dice los siguiente:

"La UBA debe cumplir con la Ley"
Como parte del proceso de recuperación de derechos tras las políticas neoliberales, el Congreso de la Nación convirtió en ley en 2009 un reclamo histórico de los docentes universitarios. La ley 26508 garantiza el 82% móvil, el derecho a la jubilación mínima y la opción de los docentes por permanecer en su cargo 5 años luego de la edad jubilatoria, atendiendo a la posibilidad de mantener a docentes e investigadores de vasta trayectoria y compromiso dentro de la Universidad Pública.
Lamentablemente, ese mismo año la Universidad de Buenos Aires decidió ser la única universidad del país que desconoce este derecho. Amparándose en una interpretación obtusa de la autonomía universitaria, inició acciones legales contra la ley del 82% móvil considerándola inconstitucional y promovió la cesantía de los docentes que cumplen 65 años. Esto derivó en un conflicto legal, político y gremial que lleva ya tres años y que perjudica no solamente a docentes que luego de una vida de compromiso con la tarea académica son maltratados por la institución, sino a la Universidad Pública en su conjunto. Se pretende dejar fuera del sistema universitario a docentes e investigadores que marcaron el rumbo del pensamiento universitario argentino y que forman a nuevas generaciones.
La autonomía es un principio constitucional que bajo ninguna circunstancia se opone al compromiso que las universidades deben tener con la sociedad que las sostiene y mucho menos a los derechos de sus trabajadores. Las universidades públicas son parte del estado nacional y las condiciones de trabajo de los docentes inciden directamente en las tareas de enseñanza, investigación y extensión. Por eso exigimos a las autoridades de la UBA respeto por la trayectoria de los docentes y que cumplan con la Ley 26508 sancionada por el Congreso de la Nación”.

do Campo Spada, 2012 (C)
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JUNIO 2012-06-10
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